Policía Municipal

Los intendentes del Conurbano piden la creación de una policía propia
Un comerciante quedó en coma tras ser baleado en un asalto. Nuevos casos en Lomas de Zamora, Wilde y la seguidilla de San Martín agitaron más la polémica sobre la inseguridad.
Hay un problema dominante: la inseguridad jaquea de nuevo a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y un conflicto colateral: los intendentes del Conurbano quieren crear sus propias policías porque la vieja y corrupta Bonaerense no les ofrece garantías.
El debate se recalentó esta semana y lo hizo con sangre y fuego como telón de fondo. En el partido de San Martín se cometieron cuatro homicidios en veinte días, y la polémica se coló en los medios de comunicación.
Dentro de ese marco de violencia derramada y reclamos de mayores medidas de protección por parte de los vecinos, crece la discusión sobre la intervención de los municipios en la gestión de seguridad.
Y el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, es el que lleva la posta.
“Cuatro casos en un mes han sensibilizado mucho a la población. El ministerio tiene que hacerse cargo. Todo lo que hace a la logística –nafta, patrulleros– lo pagamos nosotros. No debería ser así. Entonces, nosotros creamos nuestra policía y que se encargue la Provincia de la suya”, dice Ivoskus y abre la discusión.
Para que haya policías comunales hay que reformar la constitución provincial. La ley indica que es la Policía Bonaerense quien debe velar por la integridad de los ciudadanos. Pero, a la luz de los hechos, la fuerza no parece ser eficiente. Por eso muchos intendentes presionan en busca de su guardia propia.
“En mi proyecto –dice Ivoskus– pedimos una modificación de la ley orgánica de la policía de la provincia de Buenos Aires que autorice las creaciones de policías municipales a quienes quieran hacerlo. Tenemos problemas con temas de la calle como picadas, vendedores ambulantes, contravenciones que podríamos controlar con personal propio y dejar a la Policía Bonaerense que se ocupe de combatir el crimen.”
Gustavo Posse, en San Isidro, se cansó de peticionar al gobierno provincial por esta cuestión. “Se presentaron más de ciento veinte mil firmas de habitantes del partido –dice uno de sus voceros– pero como tiene que haber reforma de la Constitución siempre chocamos con esa barrera.”
A mediados de 2003, siendo intendente de Ezeiza, Alejandro Granados implementó su programa de seguridad bajo el poco sutil título de “Tolerancia Cero contra la Delincuencia”.
El plan consistía–consiste todavía– en un patrullaje sectorizado durante las 24 horas, con comunicación directa con los vecinos. Pero tenía su costado polémico, ya que la conformaciónde esa fuerza paralela implicaba la contratación de policías retirados.
No es paranoia: el fantasma de que las tropas de las policías propias pueden conformarse con mano de obra desocupada de la vieja Bonaerense merodea alrededor del debate.
(Critica)