Consenso en el debate sobre el régimen penal de menores
Tras más de tres horas de debate, la diputada del FPV y titular de la Comisión del Legislación Penal de la Cámara baja, Nora César, afirmó que en el "único punto donde hubo distintos puntos de vista fue en el de las penalidades" y anticipó que la semana que viene está previsto invitar a especialistas en el tema, entre ellos el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni.
Los diputados que integran la comisión de Legislación Penal resolvieron ayer volver a debatir los proyectos que establecen un sistema de responsabilidad penal juvenil, a nivel de asesores para consensuar aspectos técnicos de las iniciativas.
Los diputados que integran la comisión de Legislación Penal resolvieron ayer volver a debatir los proyectos que establecen un sistema de responsabilidad penal juvenil, a nivel de asesores para consensuar aspectos técnicos de las iniciativas.
Tras una reunión que se extendió por más de tres horas, los diputados, que en su mayoría coincidieron en la necesidad de establecer un sistema de responsabilidad para menores de 18 años, acordaron además citar para la semana próxima a especialistas en el tema para que "aporten su visión", según confirmó Nora César, titular de la comisión.
Ahora, en el Congreso existen varios proyectos relacionados con la temática. El trabajo más avanzado está en el Senado, donde existe amplio consenso entre el PJ y la UCR, a pesar de que hay dos proyectos, uno de las peronistas María Cristina Perceval (Mendoza) y Sonia Escudero (Salta) y otro del radical jujeño Gerardo Morales.
Ambas iniciativas coinciden en reducir a 14 años la edad mínima de imputabilidad, aunque con un régimen de penas atenuado, tal como lo establecen los tratados internacionales sobre los derechos de los niños, que tienen rango constitucional en la Argentina. En ese sentido, al convertir a los menores en sujetos punibles se les garantizan los mismos derechos procesales (defensa en juicio, etc.) que a los adultos. Pero también se prevé la creación de un sistema diferenciado de detención, lo que demandará una fuerte inversión financiera en materia de infraestructura.
Ambas iniciativas coinciden en reducir a 14 años la edad mínima de imputabilidad, aunque con un régimen de penas atenuado, tal como lo establecen los tratados internacionales sobre los derechos de los niños, que tienen rango constitucional en la Argentina. En ese sentido, al convertir a los menores en sujetos punibles se les garantizan los mismos derechos procesales (defensa en juicio, etc.) que a los adultos. Pero también se prevé la creación de un sistema diferenciado de detención, lo que demandará una fuerte inversión financiera en materia de infraestructura.
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